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"Ni siquiera nos dejaron enterrar bien los muertos. Esa
gente nos dijo que el cementerio estaba minado. Mi papá
nunca me dijo cómo quería que lo enterraran. Supongo que
pensaba que con sus rezos y sus alabaos y no así, en una
bolsa negra...", es el lamento de Luis Eduardo
Mosquera. El muchacho, de 21 años, ni siquiera vio el cadáver
de su padre.
"Casi
ninguno quedó reconocible, todos estaban desfigurados o
despedazados. A los adultos los metíamos en una bolsa. Si
eran niños chiquitos, metíamos tres en una bolsa. Nos
encontrábamos un pie, un brazo y no sabíamos de quién...
Todo para las bolsas... Eso no es un entierro", asegura
uno de los jóvenes que entre el viernes y el lunes de
aquella semana cruzó el río Atrato para cavar la fosa.
Las
bolsas de la trilladora de arroz de los agricultores de Vigía
del Fuerte también sirvieron para empacar los miembros de
niños y adultos que quedaron regados en el piso y en el
techo de la iglesia después de la explosión.
En
el Chocó se rinde una alta ritualidad a la muerte, por ello los sobrevivientes de Bojayá, además del drama que los
afecta, sienten que sobre ellos pesa la carga de no haber
cumplido el deber de enterrar a sus familiares.
"Que
un católico fuera enterrado de esa forma, eso nunca se había
visto por acá. Un muerto no descansa así", dice
Herminia Perea Guardia, una de las pocas rezanderas y
cantadoras de alabaos que quedan en la zona. Otros como ella
han abandonado Vigía y Bojayá no solo por esta tragedia,
sino desde antes cuando se aparecieron los paramilitares en
el 96 y después en el 2000 cuando la guerrilla recuperó la
zona.
Pero
ya en esos años, por los cadáveres arrojados al río
durante los asesinatos selectivos, situaciones como esta
fueron repudiadas por las campesinos y por la Iglesia. En
ese entonces monseñor Jorge Iván Castaño no se cansó de
pedirles a los grupos armados que permitieran a los
pobladores recuperar y enterrar a los suyos.
Todos
los que fueron testigos de la tragedia tienen su historia
para contar. Por ejemplo, las caras aterrorizadas de los niños
y los dos hombres agonizantes que tuvo que abandonar en la
casa de las Agustinas Misioneras, en medio de la balacera de
guerrilleros y paramilitares, son las imágenes que más
atormentan a la hermana Carmen Garzón cuando recuerda lo
ocurrido ese jueves 2 de mayo.
Después
de la explosión de la pipeta en la iglesia, la casa de las
misioneras se volvió refugio para los heridos, antes de que
pudieran cruzar en botes a la orilla de Vigía del Fuerte.
"No
teníamos medicamentos, a ese señor que estaba agonizando
lo único que le pusimos fue una toalla sanitaria en la
cabeza, estaba sudando y sangrando mucho. Nos arriesgamos a
pasar el río cuando esa gente gritó que allí iba a caer
otra pipeta. El muchacho y el señor estaban muy malitos.
Cuando regresamos a los dos días encontramos los cuerpos en
la misma posición que los habíamos dejado", recuerda
la religiosa.
Pero
el estallido de la pipeta de gas no ha sido la última
explosión por estos días en los alrededores de Bojayá.
Los sonidos de los ametrallamientos y de las bombas del Ejército
llevan varios días acompañando a los campesinos.
El
día que el presidente Andrés Pastrana visitó Vigía y
Bojayá, un estruendo fue lo que levantó a la gente.
"La
primera explosión sonó como si fuera un cilindro y pensé
que era la guerrilla que había vuelto", confesó un
habitante. Los habitantes ya aprendieron a distinguir que si
no oyen tiros de respuesta es porque "el Ejército está
'asegurando' el área".
La
sensación de impotencia y de fragilidad que se siente al oír
esos estruendos de la guerra se multiplican cuando se está
dentro de una casa de madera.
Los
metralleos volvieron a sonar esa noche. Y también antes en
Napipí, murió María Ubertina Mena y resultaron heridas
otras dos personas.
De
subida por el río, durante el regreso a Quibdó, se ven más
ranchos abandonados. Hasta el pasado lunes 13 de mayo la
cuenta de la gente de Bellavista, San Martín, San Miguel,
Buchadó, Veracruz, Padua... que había huido a Quibdó se
acercaba a las 2.500.
"Todo
lo dejé allá, solo me traje la ropa", cuenta Eduardo
Martínez de lo que perdió en la huida. Llegó con sus tres
hijos -el menor de 10 años-, pero sin Felicia Cuesta, su
esposa de 37 años, una de las víctimas de la pipeta.
En
el albergue de Minercol, ellos apenas comienzan a vivir una
historia que los campesinos del bajo Atrato comenzaron a
padecer hace 5 años. Los que permanecen en el Coliseo dan
fe de ello. |
